Según la Portavoz del Partido
Popular las declaraciones del representante de Compromís sobre la expropiación
de los colegios construidos en Ronda Sur, demuestran que da lo mismo lo
que haga el Gobierno Municipal, porque
el objetivo de Compromís es darle la vuelta a todo y criticar, aunque se digan
cosas que no respondan a la realidad. Mayol asegura que el Gobierno Municipal
tiene que realizar una modificación de crédito para poder pagar las
expropiaciones, porque las sentencias hay que cumplirlas y a partir de ahí
exigirá a la Generalitat Valenciana lo que considere oportuno
En primer lugar, la portavoz del
PP indica de nuevo que los
representantes que en aquel momento tenía Compromís en el Ayuntamiento, bajo
las siglas de E.U., no se opusieron a
que se realizara la expropiación conjunta de los terrenos que permitieron la
construcción de los colegios Mestra
Pilar Ruiz y Pintor Julio Quesada, y en todas las actas figura su votación
favorable, es más propusieron que se realizara por vía de urgencia.
“Al representante de Compromís le da lo mismo lo que hagamos porque va a
criticar igual. Si reclamamos a la Generalitat dice que nos queremos quitar
responsabilidades y de no hacerlo diría que no queremos enfrentarnos a otras
administraciones gobernadas por el Partido Popular. Nosotros consideramos que
la Generalitat dio por buena el tipo de
expropiación realizada y por tanto, es el primer responsable de todo lo
que sucedió después. Al ayuntamiento le hubiera dado lo mismo expropiación
conjunta que expropiación individualizada, así que cumpliremos la sentencia que
afortunadamente podemos hacer y reclamaremos a la Generalitat Valenciana. Lo que
sí es cierto es que en Ronda Sur hay dos colegios que han permitido cubrir
junto al Colegio de la Esperanza la demanda educativa de Ronda Sur”.
En segundo lugar, prosigue Mallol,
recordar que en 1998 la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat
Valenciana aprobó el valor por expropiación conjunta de los terrenos en 490.952
euros, los propietarios recurrieron al Tribunal Superior de Justicia, que en
2003 dictó que la expropiación debía ser individual y que debía aprobarlo el
Juzgado Provincial de Expropiación Forzosa del Estado y no de la Generalitat,
Juzgado que aprobó el mismo valor. De nuevo los propietarios recurrieron y el
Tribunal Superior de Justicia en 2010 resuelve que no se debía valorar el suelo
con los valores de 1998 sino con los de 2008, precisamente cuando cualquier
terreno tenía el máximo valor. Incluso la Conselleria de Urbanismo interpuso un
recurso de casación en ante el Tribunal Supremo que en 2006 dio la razón a los
propietarios. El Tribunal Supremo
tampoco estimo el recurso del Ayuntamiento y dictaminó en julio de 2013 el
valor muy superior de esos terrenos.
Lo que indica el Alcalde, según
Mallol, es que si la Generalitat en 1998 no hubiera dado por buena la
expropiación, el Ayuntamiento la hubiera cambiado y no hubiera proseguido con
los trámites, los hubiera cambiado, no obstante también el Juzgado Provincial
de Expropiación Forzosa del Estado falló en contra de los propietarios. Al
partir de una forma de expropiación que la Generalitat da por buena , surge
todo el problema y por ello se reclama a la Generalitat Valenciana.
El Alcalde reclama cuando tiene que
reclamar, y gobierne quien gobierne. Mallol recuerda que no es la primera vez que se exige un pago
a otra administración puesto que ya se hizo cuando el Gobierno Central,
entonces del P.P., se negó a pagar una cantidad de dinero correspondiente a la
construcción del Museo Municipal Mariano Benlliure y que al final se le hizo
caso al Ayuntamiento y se ingresaron los 250.000 euros reclamados.
Por último Mallol recuerda que la
transparencia es total, ya que el Alcalde informó en la Comisión Informativa
correspondiente que iba a exigir a la Generalitat Valenciana el dinero de las
expropiaciones y que ya había tenido un primer contacto con responsables de la
administración autonómica.
PP
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