Ante las noticias difundidas en días
pasados por la prensa, en las que se ponía en evidencia que los sueldos de determinados
cargos del PP –en lugar destacadísimo entre ellos, el propio alcalde de
Crevillent, César Augusto Asencio- sobrepasan ampliamente los 100.000 euros
anuales, el grupo municipal socialista ha recordado que ya en enero del pasado
año 2012 presentó una moción en el pleno municipal denunciando la situación por
lo que se refiere a los diputados provinciales, y exigiendo que dichas
retribuciones se ajustasen al menos al compromiso formulado por la portavoz del
Consell en septiembre de 2011, cuando decía que nadie
cobraría por encima de lo que el President Alberto Fabra percibiese. La moción
recordaba que según los presupuestos de la Generalitat , el
President percibía un sueldo de
67.615,92 euros anuales, mientras que un vicepresidente o conseller recibía
57.599,76 euros anuales; sin embargo, los diputados provinciales estaban
claramente por encima de estas retribuciones, sobre todo si se sumaban las
indemnizaciones cobradas en sus respectivos ayuntamientos (pues todos los
diputados provinciales son a la vez concejales), y que en casos como el del
alcalde de Crevillent le llevaban a cobrar más de 100.000 euros anuales brutos,
tal como ahora ha quedado de manifiesto.
Han pasado ya
casi dos años de esta denuncia, indica el portavoz socialista, y nada ha cambiado.
El PP de Crevillent, por supuesto, votó en contra de nuestra moción, y todo lo
demás sigue igual, sin que el gobierno de la Generalitat haya hecho
valer su promesa, ni nadie se haya atrevido a ajustar las retribuciones de los
diputados provinciales. La diferencia es que, si ya entonces nos parecían
desmesuradas estas retribuciones, el agravamiento de la crisis las hace
abiertamente inaceptables para los ciudadanos.
Por todo ello, el grupo
socialista insiste en que deben ajustarse esas retribuciones al actual marco
económico, de manera que nadie cobre más que el President de la Generalitat , se deje
de pagar indemnizaciones por la asistencia a los consejos de instituciones y
empresas a las que acuden por su condición de diputados provinciales, y tampoco
perciban –en el caso de haber aceptado una dedicación exclusiva en la Diputación , como ocurre
con el alcalde Asencio- indemnizaciones por las asistencias a plenos y
comisiones de sus respectivos ayuntamientos.
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