El Grupo Municipal de Compromís ha presentado una proposición para su aprobación en el pleno en el que se plantea iniciar la tramitación para formalizar un conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local con motivo de la ley aprobada por el Gobierno del Sr. Rajoy que reforma la Ley de Bases de Régimen Local.
Compromís ha presentado este tramite para junto con otros municipios del estado cumplir los requisitos exigidos para plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional y derogar la citada ley que vulnera la autonomía local amparada en varios artículos de la propia Constitución y rompe el modelo competencial que en la norma básica se establece para las distintas administraciones.
Se recuerda que garantizar que los Ayuntamientos gocen de autonomía local tiene por objeto proveer a los poderes públicos locales de un autogobierno suficiente para garantizar un nivel de prestaciones y servicios públicos locales óptimo a los ciudadanos.
Para José Manuel Penalva, portavoz municipal de Compromís la reforma local planteada por el Gobierno central no sólo vulnera la propia constitución también la carta europea de la autonomía local firmado por este país y que en la práctica para los ciudadanos supone la desaparición y la privatización de muchos servicios públicos, la destrucción de puestos de trabajo y lo más grave el alejamiento del ciudadano respecto a su administración más cercana.
Añade Penalva que sin duda es una reforma que va en la dirección contraria en lo que debe ser avanzar en un sistema democrático y participativo donde los servicios estén más cerca de los ciudadanos y donde puedan intervenir directamente o servirse de ella como pueden ser los servicios sociales o la propia oficina municipal de información a los consumidores, pasando por la promoción de la cultura, programas de la mujer y de la juventud, la tercera edad, inmigración, participación ciudadana, etc. A partir de este año estos servicios podrían desaparecer en virtud de la citada reforma.
Además muchos de los servicios que prestan los Ayuntamientos pasarán a las Diputaciones, que son administraciones dirigidas por órganos políticos que no son elegidos directamente por sus ciudadanos y que en la mayoría de casos son diputados y presidentes elegidos por los aparatos de los partidos.
Pronto veremos como se suprimen los consejos municipales de educación, tercera edad, inmigración, etc e incluso dejará de existir una concejalía de educación o de sanidad porque carecerán de contenido alguno y cuyos servicios y personal dependerán de la administración autonómica que además no está para muchos trotes.
Sin duda para Compromís esta ley supone un retroceso en cuanto a la pérdida de competencias y servicios que contribuyen de forma importante en el bienestar del ciudadano y un retroceso que nos lleva a los ayuntamientos tutelados de otras épocas anteriores ya superadas. Y cuyo fin último es quedar como meros administradores y controladores de aquellas empresas privadas que serán las ejecutoras de servicios estrictamente esenciales como la limpieza o la recogida de la basura o el tráfico y poco más.
La propuesta que ha presentado Compromís que tiene carácter resolutivo busca por medio de la declaración de inconstitucionalidad lo que es una agresión sin precedentes contra los Ayuntamientos y puede significar la desaparición del modelo de municipios construidos desde la restauración democrática en el año 1979 con la consiguiente reducción y deterioro de la prestación de los servicios públicos cuya incidencia en la ciudadanía es importante y donde debemos tomar conciencia urgentemente de sus consecuencias.
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