La pobreza energética es una consecuencia más de la grave
crisis social y económica que estamos padeciendo. Se define como aquella
situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una
cantidad de servicios de la energía suficientes para la satisfacción de sus
necesidades domésticas viéndose obligados a destinar una parte excesiva de sus
ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas.
Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias
Ambientales (ACA) son ya siete los millones de españoles (de ellos
654.000 valencianos), con enormes dificultades para hacer frente al recibo de
la luz al final de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones
básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden
permitirse y cuáles no.
A este dato hay que añadir el que facilita el INE en la
encuesta de condiciones de vida que señala que el 9% de los hogares de nuestro
país no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, con los riesgos que
ello comporta especialmente para las personas con factores de riesgo más alto como
niños, ancianos o enfermos.
A este
hecho hay que añadir que el número de beneficiarios del bono social de la luz
es cada vez menor debido a los recortes del PP. Así, en la provincia de
Alicante hemos pasado de 143.390 en 2011, a 136.848 en 2012 y 129.596 en 2013,
y ello no se debe precisamente a que haya aumentado el número de personas que
no lo necesitan.
Frente a este grave problema existen diferentes
posicionamientos: mirar a otro lado, plantear una solución de coyuntura o
adoptar medidas estructurales que
remedien situaciones dramáticas que pueden ser evitadas con solidaridad
y también con la legislación.
Mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los
consumidores más vulnerables,
prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les pueda
dejar sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos
absolutamente insuficientes.
Según ha indicado el
portavoz socialista, Cayetano Mas:
“Estamos hablando de 7
millones de personas y 654.000 en la Comunidad Valenciana.
Además, el bono social de la luz cada vez se concede a menos personas. Por todo
eso, es preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho
social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en
función de sus ingresos y no del mercado, y lo más importante, que no haya
cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren en
situación de pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa
social y el consumo real a través de los Presupuestos Generales del Estado”.
Creemos imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de
nuestros vecinos y vecinas padecen, y por tanto, estimamos la oportunidad de
aprobar una Ley que inste al Gobierno de España a solventar los
problemas más urgentes y perjudiciales de pobreza energética, y que marque la
orientación prioritaria de la
Administración a la hora de afrontar las principales casusas
por las que esa pobreza energética se produce y manifiesta.
Estimamos preciso que se legisle para que el suministro de energía sea
un derecho social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa
social en función de sus ingresos y no del mercado, y lo más importante, que no
haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren
en situación de pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa
social y el consumo real a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Ante todo creemos que el Gobierno debe reconocer que se trata de una
medida de política social, con el propósito de garantizar los principios de
progresividad, solidaridad y cohesión respecto de los consumidores más
vulnerables, y por ello entendemos que el coste de esta iniciativa se debe
sufragar por el conjunto del sistema.
PSOE
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