El Alcalde de Crevillent pretende denostar a Don José Ignacio Oiza Galán, instructor del expediente disciplinario incoado contra Don Fernando Urruticoechea Basozábal, al no haber finalizado dicho expediente con el resultado que César Augusto Asencio perseguía.
Sus declaraciones contra la regulación de los expedientes disciplinarios en España, acusando a todo el cuerpo de funcionarios habilitados nacionales de abuso de prerrogativas y de beneficiarse de un supuesto régimen de impunidad, son un reflejo del más absoluto desprecio por la legalidad vigente y de una concepción inquisitorial de los procedimientos, contraria a un sistema constitucional de derechos y garantías.
César Augusto Asencio, tras acusar al Instructor de corporativismo y amiguismo, pretende extender una cortina de humo al no haber prosperado su desmesurada denuncia, que si algo reflejaba era el carácter megalómano del Alcalde de Crevillent, que parece querer hacer honor a su nombre actuando como si de un emperador se tratara contra cualquiera que se atreva a recordarle los límites del imperio de la ley.
Todas y cada una de las cincuenta y cinco imputaciones que recogía la denuncia del Alcalde, a cada cual más carente de sentido, fueron rebatidas en su integridad y una por una por el instructor.
La caducidad del expediente si deja a alguien en situación de indefensión es a Don Fernando
Urruticoechea, que después de haber sido denunciado por haber cumplido con su función y por haber pretendido que en Crevillent se aplicara la legalidad, ahora tiene que seguir soportando las manifestaciones en prensa de un Alcalde que actúa a golpe de titular y se permite poner en cuestión procedimientos administrativos en los que quiere constituirse en juez y parte, olvidando que estamos en un Estado de Derecho.
COSITAL
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