Compromis per Crevillent considera que la sentencia que declara improcedente el despido de una psicóloga municipal es consecuencia de la falta de rigor del Gobierno Municipal en la administración del Ayuntamiento.
La sentencia estimatoria a favor de la demandante y en contra del Ayuntamiento pone de manifiesto que de nuevo este Gobierno Municipal no hace las cosas bien en materia de personal y lo peor es que de nuevo nadie asume ninguna responsabilidad.
Este Grupo manifiesta su preocupación por lo que está ocurriendo en los Servicios Sociales ya que la concejala Juana Guirao sigue teniendo pendiente dar una explicación coherente a lo que sucede en su área. La sentencia dice con claridad que el despido de la psicóloga del SEAFI es improcedentey que cualquier imputación de irregularidad a esta persona requería en primer lugar la apertura de un expediente disciplinario para no incurrir en indefensión de la empleada.
El Juez avala que no se pueden abrir causas generales contra un empleado rescatando prácticas que se dieron por buenas en un principio (cuando se llevaban bien) y sacarlas a la luz cuando hay discrepancias.
El Juez dice con claridad que ante una presunta irregularidad hay que abrir expediente y tipificar la falta concreta y la sanción para así que el empleado pueda defenderse, algo que se ha omitido gravemente por parte del Ayuntamiento. Por ello no se entiende que cuando ocurre un hecho que presuntamente pueda ser sancionable no se abra las diligencias previas informativas o en su caso se abra el correspondiente expediente disciplinario.
La incompetencia del gobierno municipal nos va a costar a los crevillentinos 13.700 euros y sin que nadie en el Gobierno Municipal asuma alguna responsabilidad.
La ley condena al Ayuntamiento a pagar una indemnización por despido improcedente o a readmitir a la trabajadora. Esto debería ser motivo para que la Concejala se autodespida.
LA Cocejala de Compromís Dory Cortes manifiesta que este Grupo no va a entrar a valorar la credibilidad de los hechos que se imputan pero sí que la Concejala de Bienestar Social debería explicar por qué la sentencia deja claro que las razones esgrimidas para el despido de esta empleada son “imprecisas, muy genéricas y que no se acredita la trascendencia de la mayoría de los hechos imputados”.
El problema es que no es la primera vez. Con el litigio de la antigua profesora de francés el Ayuntamiento, también con dinero público, tuvo que pagar a esta persona 42.231 euros o del delineante que no han tenido más remedio que readmitirlo al ostentar este el cargo de delegado sindical.
Este caso es una prueba más de que este gobierno funciona en materia de personal en función de sus intereses particulares como partido de gobierno y no por el interés general y público. Seguramente, no tardaremos en ver más casos ya que existen actualmente contratos prorrogados, en los que se ha vulnerado la propia legislación laboral.
Compromís
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