Los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Alicante
respaldan la reclamación que hizo el Ayuntamiento de Crevillent en las expropiaciones escolares.
El Alcalde ha recordado que el Ayuntamiento de Crevillent tomó acuerdo de Pleno
el 25 de noviembre de 2013 por el que presentó reclamación frente a la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, pidiendo que se
indemnizase al Ayuntamiento por el aumento del valor del coste de las
expropiaciones de las dos parcelas de 4.318 m2, cuyo valor y ocupación se fijó
por la Comisión Territorial de Urbanismo utilizando el procedimiento de
tasación conjunta. El coste de la expropiación se fijó en 448.676 €.
Esta expropiación fue anulada por considerarse incompetente a la comisión Territorial de Urbanismo por el
Tribunal Superior de Justicia de Valencia y por el Tribunal Supremo, lo que
obligó al Ayuntamiento a pagar en 2013 a
los propietarios una suma adicional de 4.951.322,86 € entre capital e intereses, al
tener que aplicarse el valor del suelo del año 2008, año en el que se tuvo que
reiniciar la expropiación, aplicándose los intereses con el valor nuevo de 2008
pero retroactivamente desde el año 2000 en que la Conselleria autorizó la
ocupación de los terrenos al Ayuntamiento.
Según el Alcalde, las sentencias del Tribunal Supremo dejaron claro
que la Conselleria se equivocó al aplicar la legislación.
Ahora, la Conselleria antes de resolver la reclamación ha puesto de manifiesto el expediente al
Ayuntamiento para alegaciones, siendo el criterio jurídico de la Conselleria que no debe de responder del error que cometió
ella misma, porque el propietario de los terrenos es el Ayuntamiento y él debe
pagar el precio de expropiación, sea el que sea.
El Alcalde solicitó informe a los Servicios Jurídicos de la Diputación
Provincial, institución que asesora técnica y jurídicamente a los ayuntamientos
cuando lo necesitan, y este informe es claro en cuanto al derecho del
Ayuntamiento a ser indemnizado, pues coincide con los informes jurídicos de la
Secretaria General y del Jefe del área de Patrimonio del Ayuntamiento, ya que
por un lado quien tenía que aprobar o anular la expropiación era la Comisión
Territorial de Urbanismo de la Conselleria, y ésta aprobó el expediente
erróneamente, lo que provocó el incremento del valor haciendo aplicable no el
valor de 1998, cuando se inició la
expropiación por el Ayuntamiento, sino el de 2008, cuando mayor era el valor
del suelo en España, porque fue en esa fecha cuando el Ayuntamiento pudo
reiniciar el expediente de expropiación, ya que hasta ese año no acabaron los
pleitos que la Conselleria mantuvo con los propietarios sobre el primer
expediente de expropiación.
El segundo argumento claro del informe jurídico, según el Alcalde para hacer responsable a la Conselleria, es
que el terreno expropiado no lo fue para una obra de competencia municipal,
sino que fue la propia Conselleria de Educación la que pidió mediante escrito
al Ayuntamiento que expropiase precisamente esos terrenos y no otros, para que
la Generalitat construyese allí los dos colegios Julio Quesada y Mestra Pilar
Ruiz, por lo que la expropiación se hizo en interés de la Conselleria de
Educación y por ello, es la Generalitat la que debe de responder del incremento
del valor de expropiación.
El Alcalde ha indicado que el siguiente trámite previo a la resolución
por la Conselleria, será la emisión del informe preceptivo por el Consejo
Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana.
El Alcalde ha recordado que con posterioridad a la reclamación,
presentó el 24 de marzo de 2014 una propuesta de transacción amistosa por la
que estaba dispuesto a que el Ayuntamiento retirase esta reclamación de indemnización, a cambio de que la
Generalitat construyese la Escuela Teatro Chapí, con un valor de proyecto de
6,6 millones de euros, obra a la que se había comprometido la Generalitat, cuyo
proyecto está totalmente terminado y que se podría ejecutar con sólo licitar
las obras. El Alcalde ha reiterado que esta oferta sigue en pie.
Ayuntamiento
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